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Noticia Nacional
(23/Nov/2017) Violaciones a derechos de usuarios, es una constante contra libertad de Internet en México

Violaciones a derechos de usuarios, es una constante contra libertad de Internet en México

En lo que va del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, el índice de libertad de internet en México prácticamente se ha estancado en una calificación que ronda los 39 puntos y las violaciones a los derechos de los usuarios son la constante que ocasionó esta inmovilidad con respecto a las libertades que tienen los mexicanos en el terreno de lo digital, de acuerdo con el informe Freedom of the Net 2017 realizado por la organización Freedom House.

El documento destaca que mientras que la reforma en telecomunicaciones del 2013 y el consecuente despliegue de la red compartida en enero del 2017 favorecieron el acceso a internet mediante la reducción de precios en los servicios de los ISP y el aumento de la competencia dentro del sector, el clima de vigilancia y violencia en contra de los medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil por parte de las autoridades y de miembros del crimen organizado representan una amenaza para la libertad de internet en México.

En una clasificación en donde cero es igual a muy libre y 100 a nada libre, Freedom House otorgó a México en esta edición del informe una calificación de 39 puntos, que es menor a la del 2016, de 38, y que está en consonancia con una tendencia de constante decrecimiento, ya que en el 2012, cuando Enrique Peña Nieto asumió el poder, el score de libertad de internet fue de 37 unidades.            

Con estos resultados, México se mantiene dentro del 28% de los países en los que la libertad de acceso y difusión en Internet es parcial, clasificación que comparte con naciones como Colombia y Brasil, dentro de la región latinoamericana, y con la India, Corea del Sur y Nigeria, en otras regiones del mundo.

La organización independiente Freedom House, financiada mayoritariamente por el gobierno de Estados Unidos, reconoció en el informe el incremento en la penetración en los servicios de las redes móviles y de Internet, pero matizó este reconocimiento por el hecho de que la penetración digital registra una brecha importante entre las zonas rurales y urbanas del país, además de que, entre la población general, las conexiones de banda ancha son aún escasas. 

De acuerdo con Freedom House, no hay registro de que el gobierno mexicano o cualquier otro actor hayan bloqueado o intervenido algún contenido dentro de internet o de alguno de los servicios provistos por la industria de las tecnologías de la información o la comunicación. Tampoco observó peticiones de remoción de contenidos sistemáticas por parte de las autoridades a sitios de noticias y servicios de hosting, lo que sí sucede en el caso de buscadores y plataformas de redes sociales, como Google o Facebook.

La organización admitió, sin embargo, que la legislación actual ofrece ciertas protecciones para aquellas plataformas que sean obligadas a remover contenidos que supuestamente exhiben información sensible sobre individuos y citó el caso en el que el Séptimo Tribunal Colegiado de Circuito ordenó al INAI a resolver por segunda ocasión la solicitud del empresario Carlos Sánchez para que Google remueva de su buscador los enlaces a un reportaje de la revista Fortuna en los que aparece su nombre.

Pero son las violaciones a  la integridad y a la privacidad de los usuarios de Internet en México las que conforman una mezcla que Freedom House observa como uno de los principales factores para que la libertad en Internet sea parcial en este país.

De acuerdo con la organización, de los cinco periodistas asesinados entre junio del 2016 y mayo del 2017 y cuya muerte se confirmó que fue a causa del ejercicio de su labor, al menos dos eran reporteros para medios digitales. Se trata de los casos de Maximino Rodríguez, quien reportaba crímenes y asuntos policiales para el blog Colectivo Pericú en Baja California Sur y Cecilio Pineda Birto, quien colaboraba en varios medios y publicaba historias de crímenes en redes sociales.

Además de la manipulación y el hostigamiento dentro de las redes sociales y el asesinato de periodistas que colaboraban con medios digitales, los ataques directos a la privacidad de periodistas y miembros de organizaciones de la sociedad civil a través de la vigilancia y el espionaje tecnológico por parte del gobierno mexicano son los factores que causan mayor alarma para Freedom House con respecto a la libertad de internet en este país.

El informe recuerda los casos en los que al menos 21 periodistas, abogados de derechos humanos, activistas y figuras políticas fueron blanco del software de espionaje Pegasus de la empresa de origen israelí NSO Group, el cual supuestamente sólo se comercializa a entidades gubernamentales por motivos de seguridad.

El informe también hace eco del caso en el que una vulneración a los sistemas de la empresa italiana Hacking Team reveló distintos documentos que exhibían las relaciones comerciales entre la empresa de vigilancia cibernética y varios gobiernos en México, incluido el federal. Según la información que se filtró en aquel momento, México era el principal socio comercial de The Hacking Team, ya que los acuerdos de la compañía con diversos gobiernos estatales, como los de Querétaro, Puebla, Yucatán y Durango, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y Pemex alcanzaron un costo de más de 5 millones de euros.